El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para casos de ocupación ilegal atiende 264 casos en dos años

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, promovido por el Consistorio zaragozano y gestionado por profesionales del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), ha atendido en sus dos primeros años de andadura un total de 264 casos, de los que 73 se corresponden con el año 2022.

El consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, y el coordinador de la Asesoría jurídica gratuita frente a la ocupación ilegal, Alberto Peiró. -MIGUEL G. GARCÍA

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, promovido por el Consistorio zaragozano y gestionado por profesionales del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), ha atendido en sus dos primeros años de andadura un total de 264 casos, de los que 73 se corresponden con el año 2022.

Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa el consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, que ha estado acompañado por el coordinador del servicio por parte del REICAZ, Alberto Peiró.

Serrano ha agradecido al Colegio de Abogados su «magnífico trabajo» en relación a este convenio y ha destacado la «gran utilidad social» que tiene para aquellos zaragozanos que más lo necesitan.

El consejero municipal ha manifestado que es «un acierto» que se haya revertido la tendencia del gobierno anterior que entendió que la ocupación ilegal de inmuebles era «un modo legítimo de acceder a la vivienda», y durante el que «se privilegiaba» a los ocupas. «Hemos trabajado conscientes de que nuestros vecinos con menor renta son quienes más sufren la ocupación, situación que se da también en los barrios más necesitados de ayuda y protección por parte de este ayuntamiento», ha esgrimido.

En este sentido, ha dicho que combatir la ocupación ilegal guarda relación con la seguridad en los barrios y con el respeto a la libertad individual y de la ciudadanía en general. «Atajar la ocupación ilegal en las ciudades es una obligación estratégica desde el punto de la vivienda y del Urbanismo», ha asegurado.

Serrano ha apelado a la necesidad que tienen las grandes ciudades de contar con el apoyo de otras instituciones en cuanto a asuntos legislativos, y ha apuntado que Aragón necesita una modificación de su ley urbanística.

Ha subrayado que es «especialmente llamativo» que en ocho años el Gobierno de Aragón no haya llevado a cabo un proyecto de vivienda en barrios como Pignatelli o Las Fuentes, y en cambio, sí que los haya iniciativas multimillonarias en otras zonas «que no tienen ningún tipo de necesidad». «Quiero apelar a esa necesidad que tenemos entre administraciones de solucionar los problemas de los ciudadanos».

Serrano ha indicado que al Ejecutivo aragonés se le ha ofrecido suelo en Pignatelli a cambio de un proyecto de vivienda asequible para jóvenes y con la regeneración del barrio. «Desgraciadamente la Dirección General de Vivienda ha rechazado ese ofrecimiento», ha lamentado el consejero municipal. «El problema global de la vivienda no se resuelve ni con atajos ilegales ni poniendo límites absurdos al derecho de propiedad», ha estimado.

92 POR CIENTO VIVIENDAS INDIVIDUALES

Alberto Peiró detallado los datos obtenidos durante estos años de trabajo del servicio. De los 264 casos, un 92 por ciento han estado relacionados con la ocupación de viviendas, un 6 por ciento con edificios completos, un 1 por ciento con locales y el 1 por ciento restante con solares.

En cuanto a los solicitantes, un 69 por ciento han sido propietarios de inmuebles ocupados, un 28 por ciento vecinos y comunidades de propietarios afectadas, y el 3 por ciento restante se corresponde con otros casos.

Respecto al medio de acceder al servicio, el 81 por ciento de las consultas se han recibido a través del teléfono habilitado para este asunto, y un 19 por ciento de manera electrónica.

El coordinador del servicio por parte del REICAZ, ha trasladado que el 28 por ciento de los casos atendidos se concentra en el Casco Histórico; un 22 por ciento en Delicias; un 9 por ciento en Torrero-La Paz y otro 9 por ciento en Las Fuentes.

73 CASOS EN 2022

En lo referente a los datos acumulados del último año, en 2022 se han contabilizado 73 casos atendidos, incrementándose hasta el 96 por ciento las consultas relativas a viviendas ocupadas y bajando al 3 por ciento las relacionadas con edificios completos.

El 71 por ciento de los solicitantes de información eran propietarios de dichas viviendas, el 28 por ciento vecinos y comunidades propietarios afectadas, y el 1 por ciento se corresponde con otros casos.

Nuevamente, el Casco Histórico y Las Delicias, con un 28 por ciento de las consultas cada uno, han sido los distritos con más situaciones de este tipo en 2022. Sin embargo, la vulnerabilidad social detectada ha estado por encima de la media llegando al 14 por ciento en relación a la media del 10 por ciento, y en estos casos, se ha continuado dando traslado de la situación a los Servicios Sociales municipales para su intervención.

PERFIL

Respecto al perfil de los afectados, Peiró ha informado de que continúa la tendencia de inmuebles que en el momento de la ocupación no constituían vivienda habitual del propietario, como herencias o pisos que han quedado vacíos porque sus propietarios han ingresado en una residencia. En este caso, los afectados trasladan una «afección psicológica y moral» que se corresponde con la de una vivienda familiar en la que se encuentran todavía enseres personales y documentación de sus parientes.

También se han planteado situaciones en las que durante el proceso de compra-venta de una vivienda, se ha producido una ocupación ilegal. En estos casos, el perjuicio económico es «muy relevante», ha dicho el coordinador del servicio por parte del REICAZ, quien también ha hecho referencia a casos de personas con pisos destinados a alquiler de carácter estacional, y que en algún momento determinado quedan vacíos.

Respecto a las consultas de vecinos afectados, estas suelen guardar relación con problemas de convivencia derivados de lo ocupas o con ílicitos paralelos que estos generan, como daños a los elementos comunes o situaciones de inseguridad.

Mientras que el perfil generalizado de los ocupas, según ha relatado Peiró se suele corresponder con personas que han hecho de su modo de vida la ocupación ilegal, apoderándose de inmuebles ajenos de forma gratuita o pagando a grupos criminales encargados de detectar inmuebles vacíos con los que posteriormente comercian.

GUÍA JURÍDICA

Para completar y facilitar la información, el REICAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la ‘Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal’, que se elaboró en los primeros meses de andadura del servicio y en la que se detallan cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este documento ha sido repartido por el Ayuntamiento de Zaragozaen Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono ‘650 662 430’, que funciona de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, así como mediante el siguiente correo electrónico ‘consultasocupacionilegal@reicaz.es’.

Fuente: La Vanguardia (11/01/2023)