Las reclamaciones han llegado de distintos barrios. Dos son de edificios enteros y una fue hecha por un inquilino ilegal
En tan solo una semana de trayectoria, el servicio de asesoramiento ante la okupación, que se habilitó gracias a un convenio entre el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha recibido siete consultas, incluida una hecha por el inquilino ilegal de una de las viviendas. Se han detectado casos repartidos por diferentes barrios de la ciudad y dos de ellos correspondían a edificios enteros. La herramienta, que se puso en marcha a comienzos de 2021 para que las personas afectadas por este fenómeno puedan recibir asistencia jurídica gratuita por parte de letrados especializados, está pensada tanto para particulares como para comunidades de vecinos que soporten conductas incívicas de residentes sin contrato de alquiler.
Durante este tiempo, se han registrado tres consultasa través de correo electrónico y cuatro telefónicas, con una duración media de 40 minutos. Concretamente, correspondían a inmuebles o pisos okupados en La Paz, La Magdalena, Delicias, el Gancho, el distrito Centro, Picarral y el barrio rural de Montañana. Asimismo, de las personas que han llevado a cabo las peticiones, uno ha atravesado esta situación de manera reiterada en su segunda residencia, mientras que otro era el propietario de un edificio en estado de ruina con expediente urbanístico para su demolición y un tercero acababa de comprar un inmueble que resultó tener personas viviendo ilegalmente en su interior.
Según dijo el alcalde de Zargoza, Jorge Azcón, durante la firma de convenio, hay alrededor de un centenar de viviendas en toda la ciudad que se encuentran en esta situación. En cualquier caso, la intervención se limita, tal y como relatan desde el Colegio de Abogados, a la orientación y el asesoramiento, nunca a la interposición o seguimiento de un procedimiento judicial. Así, a los solicitantes se les informa de las medidas legales que pueden tomar según su caso.
En los últimos días, también se han recibido tres consultas de comunidades de vecinos que cuentan con una vivienda de estas características en el inmueble, e incluso de un okupante ilegal. En este caso, según explican desde la entidad, se le asesoró únicamente para que acuda al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y a Servicios Sociales. De todas las peticiones, no ha habido ninguna que los letrados hayan considerado de especial vulnerabilidad, pero sí que en dos de ellas han percibido una «situación de alta conflictividad» entre los okupantes y los vecinos, con «temor» por parte de estos.
La gestión.
Actualmente, el servicio está dirigido por un coordinador, el abogado Alberto Peiró, y cuenta con cinco letrados asesores, pero fue especialmente demandado. En concreto, tras las firma del convenio el 23 de diciembre se llevó a cabo una convocatoria pública que recibió 72 candidaturas, de las cuales se seleccionaron 36 (únicamente cinco para el puesto de coordinador), y el 31 de diciembre se hizo un sorteo público para elegir finalmente a los profesionales que prestarían el asesoramiento. Finalmente, el día 5 se celebró una reunión de los seis letrados donde los asesores recibieron un dosier con instrucciones, formularios y normativa de actualidad. Cuando todos ellos hayan prestado al menos una semana de servicio se hará otra reunión para poner ideas en común, intercambiar impresiones y proponer mejoras.
Fuente: Heraldo de Aragón (18/01/2021)