La asesoría jurídica municipal atendió 191 denuncias, un 8% con menores implicados / Cada vez son más las comunidades de vecinos que solicitan ayuda
La mitad de las okupaciones que se producen en Zaragoza se concentran en el Casco Histórico y Delicias. Un problema imparable que afecta a las grandes capitales por igual y que se extiende por toda la ciudad. San José, Las Fuentes o Torrero-La Paz son otros de los distritos en los que más denuncias por usurpaciones de viviendas registró la oficina de asesoramiento jurídico del consistorio durante 2021. Se trata de los distritos con mayor envejecimiento demográfico y población migrante, menor nivel de renta y precio de la vivienda y donde hay más pisos deshabitados.
Este servicio realizó 191 denuncias el año pasado, la mayoría en el primer semestre del año (121) registradas principalmente por los dueños. Sucedió en el 68% de los casos, aunque se ha detectado que cada vez son más los vecinos que recurren a este servicio para conocer cuáles son sus derechos y qué es lo que puede hacer la comunidad de propietarios para expulsar a los ilegales de su edificio.
Según explica el letrado y responsable de la oficina municipal, Alberto Peiró, en el 29% de las situaciones analizadas, fueron las comunidades de vecinos afectadas las que recurrieron al servicio de asesoría jurídica hartas de los ruidos, la suciedad y los problemas de convivencia. Y lo que es aún peor, de compartir escalera con un narcopiso. Una situación que generan una gran inseguridad entre el vecindario.
De las 191 consultas, la mayoría (91%) se deben a usurpaciones de viviendas, mientras que el 7% están relacionadas con la okupación de bloques completos. También sucede en locales y solares, pero son casos aislados.
Según fuentes policiales, hay edificios okupados por completo en la calle Eva Duarte 5, en el que habitan varias generaciones de una misma familia desde hace años, en Compromiso de Caspe 83, Orense 18 o Pignatelli 43, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y donde se han producido diversas situaciones conflictivas, como también sucede en otros inmuebles de esta calle, una de las más problemáticas.
Desde los colectivos sociales advierten de la importancia de diferenciar la okupación social, por falta de pago o por encontrarse en una situación de exclusión social, con la que tiene un claro fin delictivo. Es decir, viviendas que se convierten en narcospisos donde se trafica con drogas, y donde se generan problemas de convivencia, de seguridad e incluso de insalubridad, como denuncia los vecinos de El Gancho.
Según Peiró, se ha detectado que los menores de edad están presentes en el 8% de okupaciones denunciadas a través de esta asesoría jurídica. Una situación que complica los procesos de desalojo ya que los servicios sociales deben encontrar en primer lugar una alternativa habitacional para estas familias y posteriormente realizar un seguimiento de su situación económica y social.
Aunque la okupación es un problema que se concentra en algunos barrios, afecta al conjunto de la ciudad. De las casi 200 denuncias atendidas por la oficina municipal, el 28% afectan al Casco Histórico, el 20% al de Delicias, mientras que en San José y Las Fuentes se producen el 9% del total, respectivamente, y en Torrero-La Paz el 8%.
En paralelo a este problema ha surgido el negocio. Además de aquellos que okupan pisos y los realquilan, hay empresas que se dedican a expulsar a los ilegales de las viviendas (cada uno tiene sus métodos) y otras que venden pisos usurpados a un precio muy reducido, hasta del 50% del que sería su valor de mercado pero que exige un proceso de mediación que no suele resultar ni barato ni ágil, además de una rehabilitación integral de la vivienda.
Según el Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Okupación Ilegal, en el término municipal de Zaragoza se registra cada día una denuncia relacionada con la okupación ilegal.