Los vecinos del barrio aseguran que el problema de la «okupación cronificada» está degradando la zona y obliga a que algunos se planteen ir a vivir a otro sitio.
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Asesoramiento legal
Alberto Peiró, coordinador y abogado de la asesoría jurídica gratuita frente a la okupación ilegal de la vivienda, apunta que en esta zona hay un «problema de ocupación ilegal cronificado desde hace más de diez años» por el que han recibido numerosas quejas. «Hace muchos años que se viene denunciando esta situación de edificios ocupados y a los que no se les ha dado una solución», expone.
Explica que, dentro del Casco Histórico, la zona de La Magdalena y los alrededores de Pignatelli son «los dos focos» de ocupación principales y añade que el problema es que, aparejado a este delito, surgen «problemas de convivencia vecinal y los vecinos se sientes inseguros».
Peiró expone que la okupación es un delito en sí mismo y para echar a las personas que lo cometen «hay que acudir a un juez». Aunque recuerda que «el único que tiene la posibilidad de hacerlo es el propietario del inmueble», ya que «actualmente no existe una vía jurídica para que la comunidad de propietarios o los vecinos puedan solicitar al desalojo de estas personas». Solo queda llamar a la policía ante problemas concretos, como puedan ser amenazas, daños a propiedades particulares…
Peiró explica que la resolución de este problema corresponde al Estado y que «el Ayuntamiento no tiene en sus manos resolverlo», más allá de intervenir desde un punto de vista de servicios sociales para dar una salida habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.
La asesoría jurídica gratuita frente a la okupación ilegal de vivienda es un servicio gratuito que puede consultar cualquier ciudadano o comunidades de propietarios afectados a través del teléfono 650 662 430 -de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00- y del correo electrónico consultasocupacionilegal@reicaz.es.
Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) y que se puso en funcionamiento el pasado mes de enero con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad.
Fuente: Heraldo de Aragón (21/11/2021)