El matrimonio lo negaba todo y acusaba a la menor de mentir, pero ayer admitió ante un tribunal que la obligaron a dejarse manosear por el jefe de la madre durante tres años.
Los juicios por abusos o agresiones sexuales se han convertido en algo demasiado habitual en la Audiencia de Zaragoza. Lo que resulta bastante más atípico es que quien se siente en el banquillo de los acusados sean los padres de la víctima, a los que ella misma denunció por consentir que un hombre que le triplicaba con creces la edad se aprovechara sexualmente de ella desde los 15 a los 17 años.
Según la chica, que ya ha cumplido la mayoría de edad, lo hicieron por dinero y para no perder un puesto de trabajo, ya que su madre trabajaba para el supuesto agresor. Los padres de la denunciante habían negado siempre los hechos y acusaban a su hija de mentir con un único objetivo: «hundirlos» por no querer seguir manteniéndola, cuando la joven había renunciado por anticipado a cualquier indemnización que pudiera corresponderle. Y lo cierto es que, en el juicio celebrado ayer, ambos acusados acabaron confesando.
Los magistrados de la Sección VI deberían haber juzgado también al presunto autor material de los abusos, pero este falleció durante la fase de instrucción del caso a la edad de 57 años, lo que obligó al juez a declarar extinguida su responsabilidad penal. Sin embargo, la causa siguió adelante contra el matrimonio –al que no se identifica para proteger a la víctima–, para el que la Fiscalía solicitó sendas penas de cuatro años de cárcel como cómplices de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años.
Pero bastante mayor fue la condena propuesta por el letrado Alberto Peiró en nombre de la joven, que acusaba a la pareja no solo como cooperadora en el delito de abusos, sino también en otro de abusos sexuales con acceso carnal, ya que según la denunciante el investigado empezó manoseándola para terminar, presuntamente, introduciéndole los dedos en la vagina. La acusación particular atribuía a los padres de la víctima un tercer delito continuado y agravado, el de prostitución de menores, de ahí que la pena solicitada para cada uno fuera de 19 años de cárcel.
La defensa pedía inicialmente la absolución de sus clientes, a los que en su escrito de conclusiones provisionales describía como las verdaderas víctimas. Porque según los padres de la joven, era el «difícil carácter y terrible comportamiento» de su hija el que los había llevado al banquillo. Para defender su inocencia, hablaban del supuesto «consumo continuado de estupefacientes» de la chica, así como de sus «continuas mentiras». En definitiva, consideraban que la denuncia de la víctima era un mero «medio para conseguir su objetivo», que no era otro, según ellos, que perjudicarlos.
Finalmente, los acusados acabaron ayer reconociendo que la denuncia de su hija era cierta y aceptando sendas condenas de un año de prisión y tres de alejamiento por un delito continuado de abusos sexuales en calidad de cómplices.
La confesión del matrimonio hizo innecesaria la declaración de la joven, que como consecuencia de estos hechos ha sufrido numerosos episodios depresivos. De hecho, se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático por el que todavía continúa en tratamiento. Algo de lo que dieron cuenta los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón a través de un informe emitido a requerimiento del juzgado que instruyó la causa.
Porque la chica siempre se opuso a la obligación que le imponían sus padres de verse con el presunto agresor. Pero parece que este último le amenazaba con dejar sin trabajo a su madre si ella «se portaba mal». La menor trasladó en repetidas ocasiones a sus padres que quería dejar de seguir viéndose con aquel hombre, pero estos hicieron caso omiso. Es más, según la acusación particular, llegaron a advertirle que si decidía denunciar, negarían los hechos, como así sucedió.
Fuente: Heraldo de Aragón (14/06/2023)